Di Giácomo descalificó artículo periodístico sobre el Programa Alerta Río Negro

Aseguró que ese programa, que tiene como objetivo generar un sistema interconectado de datos e imágenes que permitan la convergencia de los diversos canales de atención de emergencias y prevención en seguridad ciudadana, no tiene ningún tipo de relación con cuestiones de orden político electoral.

La respuesta se refiere a un artículo publicado el último domingo por la agencia ANBariloche, que fue replicado hoy por el diario Río Negro, sin que éste reflejara la desmentida que ayer hizo llegar el Ministro a través de una nota personal al medio barilochense y a otros de la provincia, entre ellos, el matutino roquense.

Di Giácomo aseveró que la relación con ARDAQ no surgió recientemente en función de un acuerdo político con el exintendente de Tigre, Sergio Massa, “como se fantasea en el artículo”, sino a mediados del 2013 para la contratación de un software, no para adquirir cámaras de seguridad, ni para tercerizar el programa

Afirmó además que el sistema de seguridad es una función indelegable del Estado, y por lo tanto no hay, ni hubo ni habrá algún contrato con una empresa que signifique su privatización, ni tampoco la provincia se va a desligar de los servicios que está en condiciones de proveer ALTEC e INVAP.

Mencionó que ARDAQ es una de las pocas empresas que provee un software que permite coordinar de manera sistematizada distintas vías de comunicación, algo absolutamente necesario para desarrollar el Programa Alerta Río Negro, y por lo tanto no sólo llevó adelante este sistema en la Municipalidad de Tigre, sino en gran cantidad de municipios y jurisdicciones desde hace diez años.

Enfatizó que no sólo no hay “la contratación por unos tres millones de dólares de una empresa relacionada con Massa”, como señaló ANBariloche en alusión a ARDAG, sino que tampoco el desarrollo del Programa Alerta Río Negro depende del contrato de concesión de explotación petrolera con Petrobras.

Indicó Di Giácomo que “el avance e implementación del proyecto se está dando desde hace más de un año y se avanzará en la medida que los tiempos administrativos lo permitan y por lo exiguo de los montos, no depende de ningún ingreso extrapresupuestario”.

El Ministro también calificó de falaz que esté previsto “pagar” beneficios de la explotación hidrocarburífera a los municipios con bienes e insumos para seguridad como cámara de seguridad, ya que no sólo “no estuvo ni está previsto comprar cámaras de seguridad”, sino que ARDAQ además “no provee cámaras de seguridad”.

Dijo además que tres millones de dólares que provendrán  del contrato con Petrobras, no se prevén utilizar para adquirir cámaras de seguridad a ARDAQ ni tampoco a ninguna empresa, porque  ese monto de inversión tiene que ver “con un proyecto de infraestructura de conectividad de última milla (Fibra óptica) en zonas donde no llega la conexión del Plan Federal Argentina Conectada, con la finalidad de conectar todos los organismos públicos entre sí y con vistas a una futura autopista de información que cubra toda la provincia y sea de propiedad del Estado Rionegrino”.

Di Giácomo concluyó que en todo el artículo que replica el diario Río Negro, sin haber atendido la respuesta del gobierno ni intentado contactarlo para una eventual réplica, hay un “devaneo de mentiras secuenciales”, empezando por la afirmación que el Programa Alerta Río Negro comenzó a implementarse recién este año, cuando se comenzó a estudiar en el 2012 y se lanzó oficialmente el 10 de septiembre de 2013.

Reproducimos en forma textual la respuesta personal remitida ayer por el ministro Luis Di Giácomo a ANBariloche y otros medios de la provincia: 

 

Aclaraciones sobre imprecisiones y falacias del informe sobre seguridad publicado en ANBariloche

 

La agencia Anbariloche difundió el día domigo 3 de agosto una nota centrada en aspectos de la política de seguridad del Gobierno provincial relativos al difundido plan “Alerta Rio Negro donde se explicitan una serie de datos tendientes a relacionar esto con cuestiones de orden político electoral que desde hace pocos días han desatado una serie de interesadas conjeturas sobre alianzas presentes o futuras que nada tienen que ver con la gestión en sí y ante las cuales consideramos necesario realizar una serie de aclaraciones:

Aseguró que: “Río Negro está a un paso de privatizar su sistema integral de seguridad” es desconocer que el sistema de seguridad es una función indelegable del Estado. lo que se está buscando es, avanzar en la contratación de un software para ordenar y coordinar de manera sistematizada distintas vías de comunicación –además de la telefonía fija- con la finalidad de que los ciudadanos puedan alertar sobre situaciones de emergencia en salud, seguridad, climatología, accidentología, etc. lo que supone una integración de herramientas modernas para brindar un marco operativo de coordinación y rapidez ante las alertas tempranas. 

Es inexacto afirmar que exista o haya existido “la contratación por unos tres millones de dólares de una empresa relacionada con Massa”, ya que no hubo, no hay, ni está previsto ningún contrato que signifique millones de dólares por los servicios mencionados, y que simplemente se inició un proceso de consultoría y asesorameinto con una empresa argentina que ha desarrollado estos sistemas en gran cantidad de muncipios desde hace diez años y no solo en la Municipalidad de Tigre.

Otra falacia es la que menciona que los tiempos de la puesta en marcha del plan están “atados a la aprobación del contrato de concesión de explotación petrolera con Petrobras” dado que el avance e implementación del proyecto se está dando desde hace mas de un año y se avanzará en la medida que los tiempos administrativos lo permitan y por lo exiguo de los montos, no depende de ningún ingreso extrapresupuestario.

En un orden de continuidad de falacias que se superponen, el medio también menciona que el Gobierno Provincial “pagaría” beneficios de la explotación hidrocarburífera a los municipios con “Bienes e insumos previamente adquiridos por el Ejecutivo Provincial: entre ellos cámaras de seguridad”. Nuevamente los dichos no coinciden con la realidad: no estuvo ni está previsto comprar cámaras de seguridad, pero además, la mencionada empresa ARDAQ no provee cámaras de seguridad ni vende hardware.

Reiterativamente, el informe indica que la supuesta inversión de cámaras que realizaría “el Estado rionegrino (con los aportes de Petrobras) alcanzaría los tres millones de dólares”. Otro error conceptual y falsa información en la que incurre el medio: Ese monto probable de inversión provendría de la firma del contrato con Petrobras, pero no tiene que ver con ARDAQ ni con la adquisición de cámaras de seguridad, sino con un proyecto de infraestructura de conectividad de última milla (Fibra óptica) en zonas donde no llega la conexión del Plan Federal Argentina Conectada, con la finalidad de conectar todos los organismos públicos entre sí y con vistas a una futura autopista de información que cubra toda la provincia y sea de propiedad del Estado Rionegrino.

Curiosamente, el medio digital menciona que “no resulta simple entender en este escenario la irrupción de la empresa ARDAQ, cuando las estatales ALTEC e INVAP están en condiciones aún más sólidas de proveer el mismo servicio” cuando la realidad es que la empresa ARDAQ es la dueña y desarrolladora del sistema de alertas municipales y provinciales que funciona no sólo en Tigre, sino en otros distritos, como Pergamino, Bahía Blanca, Junin, Lomas de Zamora y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires en el desarrollo de estos sistemas. Son estos antecedentes los que -ante el requerimiento de asesoramiento técnico del gobierno provincial- hicieron que ALTEC recomendara, el 10 de junio de 2013 (Nota N° 128) a través de su equipo técnico la implementación de esa solución de software.

También es falso, como dice el medio que “el programa Alerta Río Negro se presenta como un ambicioso plan de seguridad ciudadana que el gobierno comenzó a implementar en Río Negro en 2014”: El plan comenzó a estudiarse, a ver la factibilidad, analizar antecedentes en el resto del país, desde octubre de 2012 sobre mediados del 2013 tuvimos la primera visita del Sr. Lanza, como experto en el tema, quien fuera enviado por ARDAQ para relevar la factibilidad de implementar el software en Río Negro y finalmente se realizó el lanzamiento oficial del programa con una conferencia de Prensa en el Salón gris el el 10 de Septiembre de 2013. Estas acciones que se vienen realizando desde hace mas de un año invalidan la especulación de que esta relación tiene origen en el reciente encuentro entre el Gobernador y Sergio Massa como se afirma maliciosamente en el título de la nota.

En este devaneo de mentiras secuenciales, es importante mencionar que el plan Alerta Río Negro está lejos de desplazar las actividades de la empresa estatal ALTEC, que en todos los pasos de la implementación ha participado con la finalidad contraria a lo que quiere mostrar el medio: la de integrarse como soporte de la infraestructura de datos que requiere el plan; el mantenimiento y la capacitación. Por ello, se trabajó desde la empresa de tecnología rionegrina para hacer un acompañamiento de las tareas destinadas a implementar el software. Es por ello que no existen “triquiñuelas administrativas” sino que –por recomendación técnica de ALTEC- se buscó integrar la experiencia de una solución informática ampliamente probada, con el soporte de datos y capacidad técnica de nuestros profesionales.

De más está aclarar que el registro de una dirección web con el nombre del proyecto rionegrino de seguridad -como menciona el medio- es un cliché dentro del mundo informático actual, dado que es una acción legal de cualquier persona física o jurídica registrar un nombre que no haya sido reclamado. Pero en todo caso, el registro de un dominio .COM difiere de un proyecto de gobierno, donde nuestra denominación sería .GOV.AR

Todos los hechos expuestos, que además de los planes a futuro, constan en los acuerdos y trabajos realizados por este Gobierno, desnudan las reiteradas falacias en las que incurre el medio digital, a través de un informe con clara intencionalidad de operación política y nula consistencia veraz.